MARCOS CRESPO (diagonal)
MARTES 5 DE JULIO DE 2011. NÚMERO 153 NÚMERO 154
El pasado 16 de junio el Juzgado de Instrucción número 17 de Sevillaarchivó la causa abierta contra una veintena de personas por el delito de ocupación ilegal. Fueron ligados en atestado policial al CSOA La Huelga, pero ante la magistrada Pilar Llorente negaron haber cometido delito alguno, y no se pudo establecer quiénes ocuparon el inmueble o mantienen el CSOA. La propia fiscalía hubo de solicitar el sobreseimiento provisional y archivo de la causa por su escasa solidez.
El CSOA La Huelga emergió a comienzos de 2010. El 18 de enero dos agentes se personaron en respuesta al requirimiento del propietario de la parcela. Desde esa misma fecha “ha estado trabajando” el Grupo de Seguridad Ciudadana de la Comisaría del Distrito Centro, según consta en el informe en contestación al oficio de fecha 19 de febrero del Juzgado de Instrucción número 17. Se entiende que quien firma como Inspector, Jefe de Grupo, debería exhibir diligencia ante el requerimiento judicial con fecha 26 de enero. En menos de un mes, el 20 de febrero, se abriría el CSOA La Huelga, evento anunciado.
El Inspector se personó el día anterior, realizando una inspección aún reconociendo que “no puede arrogarse la cualidad de perito en la materia al no se (sic) licenciado en la materia”. Tras un vistazo por fuera al “estado del inmueble” y enterarse de las “actividades previstas” para “el día de mañana”, ofrecerá en el citado informe una lista de personas identificadas, sin detallar cómo lo fueron.
En las “Conclusiones” el inspector apela a “la experiencia de otras ocupaciones y desalojos”, siendo esas veinte personas “miembros del autodenominado `colectivo okupa´, que vendría a sustituir a los centros ya desalojados de...”. Ninguno de los imputados fue identificado entrando o saliendo del inmueble, algunos ni siquiera andaban por el país, los más hacen un trabajo político público y transparente. Incluso un vecino que pasaba por ahí, quien nunca pusó un pié en el CSOA y un año más tarde fue enjuiciado como miembro de un supuesto “colectivo”.
Este caso ha venido sumarse a otros que pondrían en evidencia la existencia de listas negras, según sostienen el Grupo 17 de Marzo-Sociedad Andaluza de Juristas, el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y la Red Andaluza por la Igualdad y los Derechos Humanos. Han puesto sendas denuncias ante la Fiscalía de Sevilla, el Defensor del Pueblo Andaluz y la Agencia Española de Protección de Datos.
Un total de 70 colectivos y organizaciones suscribieron el “Manifiesto contra la represión política, social y sindical”, en respuesta a esta persecución de ciudadanos por su trabajo político e ideología. Al menos desde hace una década, estarían funcionando ocultos ficheros para construir imputaciones judiciales injustificadas.
Este abril fueron los primeros imputados a declarar y no ha hecho falta una segunda tanda. El fulminante varapalo judicial llegó cuando arranca el juicio a raiz del desalojo del CSOA Casas Viejas. Denunció torturas uno de los encausados (denunciado a su vez por calumnias e injurias), y las imputaciones hacer entrever nuevamente estos ficheros de activistas. Y tanto sucede con el juicio que ahora ha dado por celebrarse- contra los estudiantes que se enfrentaron a la Ley Orgánica Universitaria, cerca de diez años han pasado una veintena de personas en el purgatorio.
El Sindicato Andaluz de Trabajadores ha denunciado una persecución policial y cerco judicial con unos 350 sindicalistas procesados, proclamando la insumisión judicial ante lo que califican como juicios farsa, nutridos igualmente con listas de sindicalistas a los que se atribuyen los delitos por juzgar.
La posible existencia de ficheros ideológicos está también detrás de las imputaciones hechas en junio de 2009 tras una manifestación en protesta al desalojo del CSOA La Fábrica de Sombreros. Otra veintena de activistas tras la Huelga General de septiembre de 2010 fueron implicados en delitos sin que mediara identificación alguna.
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